El gobernador Gavin Newsom firmó la legislación SB 73, una medida que buscó reforzar la protección de los procesos electorales en California frente a posibles actos de interferencia, intimidación o acceso no autorizado a información y tecnología electoral.
La nueva ley fortaleció las restricciones para impedir que cualquier persona facilite acceso no autorizado, altere, interrumpa o permita la incautación de padrones, listas de votantes o tecnología electoral certificada por parte de agentes de seguridad, incluidos agentes federales, salvo que exista una orden judicial o una investigación específica relacionada con violaciones a la ley electoral de California.
La legislación también limitó la intervención de oficiales de paz en tareas de administración electoral. Bajo la nueva norma, los agentes no podrán interferir con el trabajo de funcionarios electorales ni interrumpir sus funciones, excepto en situaciones urgentes de seguridad pública.
Otro punto clave de la SB 73 fue la obligación del Departamento de Justicia de California de emitir orientación para funcionarios electorales de los condados. Estas guías deberán establecer cómo responder ante solicitudes de agencias de seguridad que busquen acceso a espacios donde se emiten, procesan o manejan boletas.
La medida también aumentó las protecciones contra la remoción o incautación ilegal de boletas ya emitidas. La ley estableció sanciones penales para quienes retiren de manera intencional paquetes con boletas bajo custodia de funcionarios electorales.
De acuerdo con la legislación, una persona que tome conscientemente un paquete con boletas votadas podrá enfrentar una multa de hasta 1,000 dólares, una pena de hasta tres años de prisión, o ambas sanciones.
Con la firma de esta ley, California buscó blindar sus procesos electorales frente a posibles presiones externas y reforzar la seguridad de materiales, tecnología y personal encargado de administrar las elecciones. La medida fue presentada como parte de un esfuerzo estatal para proteger la integridad institucional y la confianza pública en los comicios.
