El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos registró 10,000 arrestos en un periodo de cinco días a finales de junio, en una fuerte aceleración de la campaña de deportaciones impulsada por el gobierno del presidente Donald Trump.
De acuerdo con información obtenida por The Associated Press, el repunte representó un promedio cercano a 2,000 arrestos diarios, una cifra superior a los niveles registrados en meses previos. Hasta el momento, no se precisó públicamente en qué ciudades o estados ocurrieron esas detenciones.
El aumento llegó después de que la agencia modificó su estrategia, al pasar de operativos altamente visibles en grandes ciudades a acciones menos mediáticas, pero con un ritmo sostenido de arrestos. Aunque el gobierno redujo la exposición pública de algunos despliegues, las cifras mostraron que la ofensiva migratoria continuó avanzando.
El Departamento de Seguridad Nacional defendió la política al señalar que las autoridades buscaban detener y deportar a personas sin autorización migratoria, especialmente aquellas con antecedentes penales o acusadas de delitos graves. Sin embargo, organizaciones defensoras de migrantes han cuestionado el alcance de los operativos y el impacto en familias, trabajadores y comunidades inmigrantes.
La presión también se reflejó en los centros de detención migratoria. AP reportó que el número de personas ingresadas a instalaciones de ICE subió en junio a cerca de 39,000, después de mantenerse alrededor de 30,000 mensuales desde febrero.
El crecimiento de arrestos marcó una diferencia frente a periodos anteriores. Según datos analizados por AP y el Deportation Data Project de UC Berkeley, diciembre había sido uno de los meses con más detenciones bajo la actual administración, con un promedio de 1,283 arrestos diarios, mientras que enero registró alrededor de 1,212 y febrero cerca de 1,057.
La nueva ola de detenciones se produjo en medio de un cambio de tono dentro del Departamento de Seguridad Nacional, luego de críticas por operativos anteriores que provocaron protestas y enfrentamientos. Aun con un perfil más bajo, la administración mantuvo como prioridad el aumento de arrestos y deportaciones.
El caso volvió a colocar la política migratoria en el centro del debate nacional. Para el gobierno, las cifras reflejaron el cumplimiento de una promesa de campaña; para sus críticos, evidenciaron una expansión de detenciones que podría afectar también a personas sin historial criminal grave y profundizar el temor en comunidades migrantes.
